El Consejo de Ministros aprobó este 20 de noviembre de 2026 el real decreto que fija criterios de sostenibilidad para los centros de datos. La decisión fue comunicada por la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, junto con la aprobación de la planificación eléctrica con horizonte 2030, según informó Agencia EFE.
La norma llega después de un periodo de debate y oposición por parte del sector de los centros de datos. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, defendió que el decreto sitúa a España en una posición adelantada en esta materia, al tiempo que subrayó el atractivo del país para la inversión en estas instalaciones.
«Pionera»
Aagesen utilizó este término al referirse a la posición que, a su juicio, alcanza España con los nuevos criterios. La aprobación se produce en un momento en el que los centros de datos tienen un papel creciente en la infraestructura digital, aunque el contenido facilitado no detalla los requisitos concretos que deberán cumplir ni su calendario de aplicación.
Otras decisiones vinculadas a la energía
El Ejecutivo también aprobó la transposición del nuevo régimen europeo de comercio de derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera. Se trata de adaptar al ordenamiento español ese marco europeo dentro del paquete de medidas adoptado en la misma reunión.
La planificación eléctrica aprobada incorpora asimismo medidas destinadas a facilitar la integración de las energías renovables. La información comunicada por el Gobierno no concreta en qué proyectos se traducirá esta planificación ni detalla las inversiones asociadas.
Las medidas aprobadas
- Un real decreto con criterios de sostenibilidad para los centros de datos.
- La planificación eléctrica española con horizonte temporal en 2030.
- La transposición del nuevo régimen europeo de derechos de emisión para edificios y transporte por carretera.
- Medidas para facilitar la integración de las energías renovables.
El real decreto sobre centros de datos se ha aprobado, por tanto, junto con varias decisiones relacionadas con la energía y las emisiones. El Gobierno sostiene que el nuevo marco refuerza la posición de España como destino para este tipo de instalaciones, mientras que el sector había expresado previamente su oposición a la regulación.